El gobierno de Paraguay al servicio del narcotráfico y empresariado transnacional

Los abajo firmantes nos manifestamos en apoyo al movimiento campesino en Paraguay en su lucha por la recuperación de miles de hectáreas de tierras malhabidas y exigimos ¡Basta de represión! al narcogobierno de Santiago Peña.

A principios de diciembre, los/as campesinos/as de Santa Rosa, Departamento de San Pedro, a 300 km al noreste de la ciudad de Asunción y casi al límite del Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, decidieron, en asamblea, realizar la ocupación de la denominada Estancia Lucipar, perteneciente al narcotraficante denominado Cabeza Blanca, actualmente detenido en Brasil. 

Estas comunidades campesinas vienen solicitando al Estado, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, las 11.000 hectáreas pertenecientes a esa estancia, para que la trabajen pequeños/as productores/as. Si bien, el gobierno de Paraguay ha incautado 138.000 hectáreas de tierras en 11 departamentos del país -través de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados de Paraguay (SENABICO)- y, en 2019, incautó 11.000 hectáreas correspondientes a la estancia Lucipar, las tierras no han asignadas a esas comunidades que la estaban reclamando.

El Estado no entrega tierras, pero sí apresa, una semana antes, a uno de los principales referentes de esta lucha, Ernesto Benitez, sin ninguna causa.

Los/as campesinos/as que participaron del intento de ocupación han sido reprimidos/as en la vía pública (10kms antes de llegar a la estancia que sería ocupada), y fueron torturados/as en varios casos, bajo las órdenes de Enrique Riera, actual Ministro del Interior, quien en 2021 (en ese entonces senador) promovió la ley 6830 -también conocida como “ley Riera Zavala”-, que promueve el encarcelamiento de quienes luchan por la tierra y justifica la violencia policial. 

Este conflicto viene de larga data. En 2003, en el contexto de una protesta, el dirigente campesino Eulalio Blanco fue asesinado mientras que Ernesto Benítez fue gravemente herido por las fuerzas represivas. Por presión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el hipócrita Estado paraguayo, se vio forzado a pedir disculpas 20 años después por el accionar represivo. Sólo dos años después, vuelve a encarcelarlo sin explicaciones.

En la actualidad, en Paraguay el 90% de la tierra está en manos de sólo el 2% de la población (12.000 terratenientes). Y esto es así porque en los 35 años de la dictadura militar de Alfredo Stroessner se entregaron más de 8 millones de hectáreas de tierra a los amigos militares, extranjeros y narcos. Esta entrega ha tenido como resultado la expulsión de la población rural y campesina que hace 20 años era de un 53%, y de la que hoy sólo queda el 35%. Este corrimiento de población rural está marcado por la violencia de la represión y el asesinato por parte de fuerzas represivas del Estado y paraestatales. Ya son al menos 128 los asesinatos desde el retorno a la democracia en el marco de la lucha por la tierra. A pesar de ello, la lucha sigue.

Solo un empresario caratulado como “exitoso”, Tranquilo Favero, tiene más de un millón de hectáreas de tierra. En el departamento de Alto Paraná hay más de 200.000 hectáreas malhabidas que están usando ilegalmente empresarios brasileños y amigos del gobierno, con el cultivo de soja transgénica y el uso de agrotóxicos, varios de los cuales ya no se permiten en muchos países. 

El gobierno del actual Presidente Santiago Peña, electo por la máquina del fraude electoral y presuntamente financiado por el narcotráfico, continúa la masacre campesina. Sus conexiones con el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, considerado persona no grata por EEUU durante el mandato de Joe Biden y hoy perdonado por Donald Trump son la evidencia de dos hechos fundamentales: por un lado, muestran que su comportamiento criminal no es más que una continuidad de las políticas de desalojo campesino para la consolidación del extractivismo, en clara connivencia con el narcotráfico, en Paraguay. Por el otro, este gobierno funciona como un títere de la estrategia geopolítica norteamericana que usa a delincuentes ligados con el narcotráfico, como el político hondureño Juan Orlando Hernández (condenado a 45 años por narcotráfico, pero recientemente indultado por Trump), y/o a lamebotas rodeados de narcotraficantes como Javier Milei de Argentina, o Daniel Noboa de Ecuador, para imponer a sangre y fuego su poder.

¡Alimento sano en el campo significa vida sana en la ciudad!

¡Seguimos exigiendo la aparición con vida de Lichita!

¡Justicia por las niñas argentinas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, víctimas del Estado infanticida! ¡Eran niñas!

¡Libertad a todos los presos y presas políticas del narco Estado paraguayo! ¡Tierras para vivir y para producir!