Hace pocos días el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable clausuró el Zoológico de Luján por incumplimientos de la normativa vigente. El Estado nacional había exigido hace varios meses al dueño de esta empresa que avance en un plan de reconversión, limitando la enajenación, explotación y violencia de la fauna privada de su libertad, cosa que no ha realizado.
Recordemos que el “Zoo de Luján”, de aproximadamente 15 hectáreas, es reconocido porque dentro de las diversas formas de explotación animal, promocionaban y llevaban adelante momentos donde los/as consumidores/as podían estar con los leones y leonas, entre otros animales no domesticados.
Varios medios de información titularon la noticia del cierre definitivo como un enfrentamiento entre ambientalistas y trabajadores, como si fueran situaciones contrapuestas, pero este amarillismo no encara una cuestión central, que los y las “ambientalistas” por el cierre del zoológico, son parte de la clase trabajadora también; y que nuestra clase, en general, es la que más defiende el ambiente, enfrentándose al capitalismo extractivista por ello.
Si bien estamos de acuerdo con el cierre inmediato del zoológico, resolución que debería extenderse ya mismo en todo el país, nos solidarizamos con los y las trabajadores en el reclamo por su continuidad laboral. Y dado el lucro ilegal que ha realizado el empresario, en función de la explotación de la fauna y trabajadores/as, y en complicidad con distintos funcionarios estatales y gobernantes, exigimos se confisque el “Zoo de Luján” y se reconvierta en una reserva natural pública dando continuidad laboral a los/as actuales trabajadores/as, y que esté bajo la gestión de ellos/as mismos/as de conjunto con vecinos/as de la zona y organizaciones ambientalistas interesadas de la región. Entendemos que es una propuesta claramente superadora de la impuesta por el Estado –un ecoparque-. No obstante, y para poder dar continuidad real a la fuente laboral, ésta debería tener un espacio temporario para realizar actividades de medicina veterinaria gratuita en la zona, administrándose con recursos del Estado. Además, todo animal que no pueda ser reinsertado a su ambiente natural o, en todo caso, trasladado a reservas de fauna, podría ser cuidado en el lugar, en una zona no expuesta a quienes visiten el lugar.
Y estamos convencidas/as que esta propuesta debe ser debatida entre los sectores recién mencionados.
Por último, también exigimos que se conforme una comisión investigadora independiente que llegue al fondo del accionar empresarial y de funcionarios/as del Estado en sus distintos niveles y poderes, con la finalidad de juzgar el maltrato animal dado en el lugar por décadas.
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