Compartimos la declaración conjunta de la Multisectorial contra el Agronegocio – la 41, MAIZ (Movimiento Amplio de Izquierda) y SUBVERSIÓN en el marco del Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.
Desde el año 2013, todos los 16
de octubre la Vía Campesina hace un llamado internacional para convocar al Día de
Acción Global por la Soberanía
Alimentaria de los Pueblos. En esta coyuntura política donde la
crisis pone el tema del hambre y la malnutrición en el tapete, y la contienda
electoral nos presenta falsas soluciones, es central poder discutir de qué se
habla cuando se habla de alimentación y de soberanía.
Políticas de Estado para la
alimentación. Crisis y emergencia: respuestas coyunturales para un problema
estructural
En los últimos tiempos nos hemos
topado con iniciativas y políticas de Estado que presuntamente
apuntaban/apuntan a terminar –o al menos disminuir- el hambre y la
malnutrición, tales como la Ley de Emergencia Alimentaria Nacional (que
prorroga hasta el 2022 la emergencia alimentaria dispuesta por el Decreto N°108
del Poder Ejecutivo Nacional, creada en 2002), la ley de agricultura Familiar
de 2014, la creación de la Dirección Nacional de Agroecología (con el referente
de la RENAMA a la cabeza, el agrónomo Eduardo Cerdá) en 2020, el proyecto de
ley de Fomento a la Agroecología, que está en el Congreso Nacional…
Pero a su vez, observamos la
reciente presentación del proyecto de ley de Fomento para el Desarrollo
Agroindustrial (en referencia a la cual el flamante Ministro de Agricultura
Julián Domínguez agita que se llegue a producir 70 millones de toneladas de
soja transgénica). Y al mirar más atrás en el tiempo podemos destacar la baja
de aranceles a la importación de agrotóxicos en 2020 (promovida por Felipe
Solá, por entonces Canciller de Argentina), el acuerdo con AgTech con Bill
Gates para una nueva ola de digitalización del modelo biotecnológico agrario,
el agronegocio declarado como actividad esencial en plena cuarentena estricta
por COVID-19 y varios intendentes “sanitizando” las ciudades con “mosquitos”,
al arreglo con China para la instalación de megagranjas porcinas y decenas de
“liberaciones” al mercado de semillas genéticamente modificadas (y hasta el
trigo HB4, recientemente aprobado). Estas políticas sólo pueden ser vistas como
una continuidad del proyecto de Estado que, sin importar el gobierno de turno,
desarrolla y promueve la producción biotecnológica del agronegocio, proceso
iniciado hace 25 años con la firma del entonces Secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos del Estado Nacional, Felipe Solá (sí, sí, otra vez
Solá…). Muestras de ello han sido el Plan Agroalimentario y Agroindustrial
2010-2020, el Plan Estratégico 2005-2015 para el Desarrollo de la
Biotecnología Agropecuaria, los múltiples intentos para modificar la ley de semillas en
miras a su privatización -luego del acuerdo que Cristina Fernández sellara con Monsanto
allá por el 2012- y el saqueo constante de tierras al campesinado y
pueblos originarios (sin aplicar la ley 26160 que busca el reconocimiento de la
propiedad comunitaria de estos pueblos).
¿En qué quedamos?
Puede resultar algo novedoso que
la palabra agroecología se cuele en los recintos del Congreso Nacional, y a su
vez es claramente recurrente que 20 años después se reedite la “emergencia
alimentaria” como respuesta del Estado Nacional al contexto de hambre,
desocupación, flexibilización laboral, ajuste y miseria en el que estamos, al
igual que hace 20 años atrás.
También escuchamos cada vez más
que hablan de la transición hacia la agroecología, pero nunca se dice ni cómo
se hará, ni cuándo comenzará, ni cuánto tardará… por lo que se quedan en
palabras vacías.
Luego de casi una década (la del 2000) en que “crecimos a tasas
Chinas” y la sociedad en general se fundió en la rueda del consumo, una nueva
crisis capitalista expone, una vez más, mecanismos radicales de concentración y
precarización de las masas trabajadoras, quienes somos llevadas al extremo de
la mera subsistencia. Hay quienes se sorprenden, responsabilizando a “la
pandemia macrista” o directamente a la pandemia del COVID-19.
Pero más allá de la estrategia
electoralera que vivimos cada dos años en cuanto a la búsqueda de culpables en los/as adversarios/as de turno,
es primordial comprender el proceso que nos trajo hasta acá; que no empezó a fines
de 2015 y no tiene una sola cara responsable.
Esto resulta esencial porque en
situaciones de supervivencia, suele decirse que “a caballo regalado, no se
le miran los dientes”, y se aceptan medidas paliativas, que ponen parches
coyunturales a un problema que resulta estructural.
Pero también, en coyunturas
electoralistas, aparecen promesas de futuros maravillosos. Promesas que están
muy lejos de (y que muchas veces no están siquiera interesadas en) leer la raíz
del problema, y proponer reales soluciones.
La crisis de 2001 y después
La crisis del 2001 significó la máxima expresión del conflicto de
las relaciones sociales que puso en jaque la convertibilidad y la hegemonía
neoliberal. El ascenso de las luchas sociales que cristalizó ese proceso de
crisis de acumulación y de dominación, se expresó en una experiencia terrible
para las clases trabajadoras, con más del 50% de la población bajo la línea de
pobreza e indigencia, un porcentaje de más del 30% de desempleo y subempleo, y
salarios de miseria.
El sector agrario llegó, hacia 2001, completamente
transformado en su matriz tecnológica, con un proceso iniciado a mediados de
los ´90 con la incorporación de la soja transgénica al país. Todo esto se dio
con una expansión territorial sin precedentes, gracias al uso del paquete
tecnológico (semillas genéticamente modificadas y agrotóxicos) y al desarrollo
de políticas de Estado que habilitaron a su expansión a lo largo de la década.
Luego de la crisis del 2001, el agronegocio fue revalidado
como proyecto de Estado y fue refrendado con la devaluación de 2002, lo que
significó la licuación de sus deudas y el aumento en el precio de las
exportaciones (con precios ya crecientes en el mercado internacional). Esto
significó la consolidación de un campo que se vendía como el “salvador de la
Argentina”, un “incansable productor de alimentos”. En este sentido fue impulsado el ya mencionado Plan
Estratégico 2005-2015 para el Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria,
firmado por Roberto Lavagna.
Programas nacionales como “Soja Solidaria” salieron
a “derramar” los beneficios del campo en comedores escolares y comunitarios.
Con la venia del Estado nos reemplazaron la leche de vaca por la de soja y
construyeron un consenso poco creíble de que el campo “éramos todos”.
El mismo Estado que construía el mito del “campo salvador” se
comprometía a devolver tanta benevolencia, asignando recursos para la
consolidación y expansión de ese modelo agrario.
Pero ese “campo” ya no era productor de alimentos, sino que estaba
estructurado para la generación de monocultivos a gran escala, pensados para la
alimentación de ganado en países centrales. Con el objetivo de generar
ganancias, la producción agropecuaria se encuentra fuertemente atada a la
especulación a través del valor del dólar y los mercados futuros; está
controlada por empresas transnacionales que comercializan el paquete
biotecnológico y promueve una creciente lógica de acaparamiento de tierras (a
través de la compra o el arrendamiento o directamente el despojo). Este ya no
es el campo del campesinado, que trabaja y vive allí... es el campo de
trabajadores/as que migran a las grandes ciudades, por la falta de empleo, y también
por sufrir enfermedades, producto de la constante exposición a los agrotóxicos y, como dijimos, expulsión de sus
tierras.
Este campo fue promovido, luego, por el Plan Estratégico
Alimentario 2010-2020, la liberación del tipo de cambio y la eliminación de
retenciones. Este campo ha duplicado sus niveles de producción, pero no ha
acabado con el hambre. En cambio, ha puesto en peligro nuestras principales
fuentes de alimentos reduciendo la diversidad agrícola a sólo 150 cultivos
estandarizados, expulsando pequeños y medianos productores/as agrarios/as y
contaminando nuestros alimentos, agua, suelo y aire a través de la fumigación
de más de 600 millones de kilos/litros anuales de agrotóxicos de manera directa
o por deriva.
Es el campo, también, donde las mujeres son las mayores
perjudicadas porque, si bien las campesinas son responsables de la mitad de la
producción mundial de alimentos y producen entre el 60 y el 80% de los mismos
en nuestros países latinoamericanos (según datos de la FAO, 1996), el
agronegocio, como claramente no produce alimentos, las deja afuera. Son quienes
sufren en carne propia (junto a las niñeces) la mala distribución de los alimentos,
lo que las vuelve más vulnerables frente al hambre. Además, la falta de acceso
a la tierra se profundiza para las mujeres campesinas. Frente a esta situación,
no dejamos de reivindicar que los conocimientos especializados de las mujeres
en relación con los recursos genéticos aplicados a la agricultura y la alimentación
hacen de ellas guardianas esenciales de la diversidad biológica, y por ende
planteamos que la soberanía alimentaria será ecofeminista o no será.
La crisis actual nos muestra la impotencia de las soluciones
falsas: la producción agropecuaria no sólo se mostró incapaz de alimentar al
mundo y a quienes vivimos en Argentina durante todos estos años, sino que no lo
hizo porque nunca fue su intención. Su objetivo fue y es la ganancia, sin
permitir el libre acceso a la alimentación a las mayorías y, menos aún, el
acceso a alimentos sanos.
Mientras tanto, el Estado argentino propuso y sigue
proponiendo parches.
Sobre la salida que nos lleva a un callejón... sin salida
Hace dos años, en plena campaña electoral, el Frente de Todos
proponía el “Plan Argentina sin Hambre”. En él se reconocía a la
alimentación y a la nutrición como un derecho humano que, al tiempo que
disponía la constitución de canales alternativos de “alimentos saludables”,
fortaleciendo el trabajo de los pequeños agricultores que trabajan para el
consumo interno.
En estos términos, y a simple vista, el plan pareciera
proponer una solución estructural al problema del hambre.
Ya en el gobierno, decíamos anteriormente, crearon la Dirección
Nacional de Agroecología. En la misma línea podríamos ubicar el también
mencionado proyecto de ley de Fomento a la Agroecología.
Sin embargo, tras estas propuestas que parecen incorporar
algunos de los reclamos históricos que desde hace más de 20 años venimos
realizando múltiples organizaciones sociales y políticas, asambleas de
consumidores y ambientales, organizaciones campesinas y pueblos fumigados,
parece esconderse una máxima intocable: la producción de granos para la
exportación NO SE TOCA.
Lo que se observa es que tanto para la emergencia alimentaria
declarada como para el plan “Argentina sin hambre” y la política de la
Dirección de Agroecología, la producción de alimentos para el mercado interno y
la producción de granos para la agroexportación deberían funcionar en caminos
paralelos.
El problema es que, tras 25 años de producción agrícola
hegemonizada por estas lógicas
concentradas de malnutrición y enfermedades, si hay algo que hemos
aprendido quienes luchamos contra el agronegocio y quienes
producimos/consumimos alimentos sanos, nutritivos y de calidad es que la
convivencia entre estos sistemas agrarios NO ES POSIBLE.
Desde hace 25 años, buscan que naturalicemos la idea de que la
producción de alimentos y de ganancias a través del modelo biotecnológico
podrían coexistir. ¿Cómo pueden convivir dos sistemas que tienen en el centro
la disputa por la tenencia y el uso de la tierra y el territorio? ¿Cómo podrían
congeniar, cuando una de esas lógicas ha demostrado la necesidad constante de
concentrar la tierra, expulsando productorxs/campesinxs, precarizando el
trabajo agrario y destruyendo los territorios? ¿Cómo concordar la producción de
alimentos saludables y nutritivos con las fumigaciones a las que nos exponen
constantemente?
Nos han querido convencer, durante todos estos años, de que
“no hay otra forma de producir”, de que “el campo alimenta al mundo”, y que
“gracias a los excedentes de las exportaciones agrarias se pueden generar
políticas sociales” y obtener divisas para pagar la fraudulenta deuda externa.
Las políticas venideras buscan que continuemos aceptando la inevitabilidad del
agronegocio.
Pero durante todos estos años hemos demostrado que ya no es posible continuar produciendo de
esta manera por los impactos ambientales y sanitarios negativos que este
modelo genera.
Mientras tanto, el mismo campo ha demostrado que no estará
dispuesto a derramar nada de lo que pueda acumular. Luego de tantos años, la
avanzada del modelo biotecnológico agrario ha dejado en claro que su
subsistencia depende de la expansión constante, tanto sobre los territorios
como sobre las semillas y sobre nuestros cuerpos. La creación de canales
subsidiarios para la alimentación sin la erradicación de este modelo expansivo
de producción no es más que una utopía de corto plazo que tiene su acta de
defunción firmada en el momento mismo en que es el propio Estado (en sus
variantes nacional, provinciales y municipales) el que realiza la apuesta por
la ganancia concentrada del agronegocio.
La salida vendrá
desde la clase trabajadora
Estamos en un momento complejo en el que la crisis de hambre
y miseria impuesta a la clase trabajadora se conjuga con momentos críticos en
que el capital muestra sus límites globales. Las actividades extractivas han
avanzado en la apropiación y destrucción de la naturaleza poniendo al planeta
al punto del colapso. La pandemia del COVID-19, enfermedad de origen zoonótico,
es el mejor ejemplo de hacia dónde nos está llevando el sistema capitalista
y su explotación intensiva y extensiva de distintas especies, de la mano con
todas las demás actividades económicas extractivas.
Puntualmente, el agronegocio ha mostrado que es capaz de
avanzar sin miramientos. Las imágenes del Amazonas quemándose en Brasil y
Bolivia, o de los bosques cordobeses, con el fuego permanente que ha llevado a
la desaparición de más del 70% del bosque nativo en Argentina, nos muestran que
con los cultivos de agroexportación sólo podemos esperar la destrucción de
nuestros lugares de vida, o luchar para transformar drásticamente la realidad.
El genocidio al que nos quieren condenar con el paquete tecnológico a causa del
uso de agrotóxicos y semillas transgénicas, nos muestra que no retrocede ni
siquiera ante nuestra salud y nuestros cuerpos. Y todo esto sólo puede llevarse
adelante con el aval del Estado, que permite que sicarios y patotas que
responden al empresariado violenten a las comunidades campesinas y a las
poblaciones en lucha, pero también con la represión directa en manos del mismo
Estado.
Y como con la represión y amenazas no les alcanza, hoy
tenemos al agronegocio inserto en las universidades públicas, manejando planes
de estudios e investigaciones. Pero eso no es todo: también los tenemos en las
escuelas difundiendo una de sus grandes mentiras, las “Buenas prácticas
agrícolas”, que nos quiere vender que si el veneno se usa correctamente,
mágicamente dejará de ser veneno.
Este modelo no busca producir
alimentos sino ganancias. El capitalismo no habilitará a una producción
democrática y soberana de alimentos, sino que tenderá constantemente al control
concentrado de comida. Por eso, uno de los grandes problemas a atacar es el
discurso de que es posible la coexistencia de estas dos formas de producir. Es
evidente que NO PUEDEN COEXISTIR, porque en su necesidad de generar
ganancias la producción de granos para commodities arrasa con TODO.
Nos quieren convencer de que para paliar la crisis “mejor
alguito que nada”, que aceptemos lo que hay, nos llenemos las panzas y después
discutamos qué futuro queremos. Pero el futuro se construye ahora. Y DEBEMOS
exigir que no se nos impongan soluciones a medias tintas. Porque esas “soluciones”
ya han demostrado que no resuelven nada, los parches de corto plazo nos vuelven
a llevar, menos de dos décadas después, al mismo punto de partida.
Estamos convencidos/as que las propuestas políticas de salida
capitalista son un callejón sin salida que nos expone a más hambre,
enfermedades y a la desaparición de nuestros espacios de vida. Si la política
de Estado es el agronegocio, la agroecología estatal no pasará de ser un
maquillaje, un engaño.
Por eso venimos construyendo las herramientas para dar un
debate EN SERIO sobre cuál queremos que sea la salida a esta crisis.
Hoy, más que nunca, el reclamo de una Soberanía Alimentaria
de los Pueblos es fundamental. La necesidad de la distribución de tierras, la
libre circulación de las semillas, la protección de las producciones
agroecológicas, la decisión de productores y productoras y consumidores y
consumidoras de cuáles queremos que sean nuestros alimentos y cómo queremos
producirlos son aspectos centrales para pensar el presente y el futuro. Y desde
ahí nos paramos para dar la pelea en todo ámbito de disputa, porque sabemos que
tarde o temprano venceremos, como ganó el pueblo de Malvinas Argentinas en
Córdoba, echando a Monsanto. Para ello es central la unidad de quienes
luchamos.
Nos mueve la convicción de que NO HAY SOBERANÍA ALIMENTARIA
POSIBLE SI HAY AGRONEGOCIO
Multisectorial contra el Agronegocio – la 41
MAIZ (Movimiento Amplio de Izquierda)
SUBVERSIÓN
