El 24 de marzo de 1976, el gobierno de María Estela Martínez de Perón fue depuesto por el gobierno militar que inició el capítulo más oscuro de la historia argentina. El Golpe de Estado cívico- eclesiástico-militar, que secuestró, asesinó y torturó a miles de compañeros y compañeras, ha marcado la historia argentina con algunas de las experiencias, aún presentes, que profundizaron las injusticias hacia la clase trabajadora.
Con su accionar asesino sistemático, con 30.000 detenidos/as desaparecidos/as, con centros clandestinos de tortura, con robo de bebés, persecuciones y asesinatos, quisieron sentar las bases para tener una población pasiva, que acepte las políticas de explotación, saqueo y contaminación, que acepte la deuda externa contraída…
La deuda de ayer y de hoy…
En el año 1976, antes de iniciada la dictadura, la deuda era de 8500 millones de dólares. Ya para 1984, el gobierno democrático de Raúl Alfonsín recibió una deuda de 45 mil millones de dólares, producto de los préstamos que la banca internacional le había dado a un gobierno ilegítimo y asesino, como así también de la estatización de la deuda privada, llevada adelante por Domingo Cavallo, Presidente del Banco Central, en 1981.
Esta deuda alimentó la bicicleta financiera y las ganancias de capitales globalizados y de grandes poderes económicos de Argentina. Empresas como Sevel, Clarín y Techint, entre otras, se beneficiaron a costa del sudor de la clase trabajadora que pagó de sus bolsillos y con sus propias vidas hasta el último centavo de esa deuda que nadie investigó pero que Alfonsín, Menem, De La Rúa, Kirchner y Cristina Fernández aceptaron y pagaron.
Junto con esta deuda, la presión de los organismos internacionales trajo aparejado el ajuste, la precarización, la desocupación y la profundización del extractivismo, de la mano del consenso de Washington.
46 años después, no sólo no hemos conseguido revertir los estragos económicos, sociales y políticos de esta etapa nefasta del capitalismo, sino que, además, nos vemos embestidos por una nueva deuda que compromete a las próximas generaciones. La deuda con el FMI y otros acreedores es, al día de hoy, de 348.346 millones de dólares. De hecho, en los últimos años creció un 141,9 %, y pasó del 53,7 % al 82 % del PBI y, a pesar de ser reconocidamente utilizada para fugar y vaciar la economía, la misma ha sido aceptada y renegociada bajo promesa de ser pagada.
Las crisis del 2001, 2008, 2014, 2018 y la pospandémica crisis actual (que no es más que una continuidad de todas las anteriores) muestran la constante: la clase trabajadora es la que paga con su salario y las condiciones de explotaciones los platos rotos que no quiere pagar el capital. El FMI es el que cobra la factura. La misma violencia con la que se impuso un nuevo orden capitalista se refrenda hoy bajo gobiernos supuestamente democráticos que a espaldas del pueblo aprueban este saqueo con policías reprimiendo en las calles y jueces/zas en sus juzgados inventando causas.
La deuda no se paga sin represión
La dictadura cívico-militar-eclesiástica fue el ejemplo de que la resistencia del pueblo será combatida con las fuerzas represivas a sangre y fuego. Las democracias han sido el eco persistente de ese aprendizaje.
Lo puede decir Julio López, desaparecido por segunda vez, cuando intentaba poner fin a la impunidad de los militares. Lo vivió Luciano Arruga y lo grita su familia, denunciando el gatillo fácil y la violenta corrupción estructural de la maldita bonaerense. Lo saben los pueblos originarios que enfrentan las balas que se dirigen a ahogar su centenario reclamo por sus tierras ancestrales. Lo sabemos quiénes día a día ponemos el cuerpo para construir un mundo diferente. Lo supieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel asesinados por entregar su lucha solidaria a un pueblo constantemente apaleado. Lo supieron Facundo Astudillo Castro y Elías Garay.
La militarización de los territorios estratégicos para las ganancias de unos pocos, son tierra liberada para la masacre y la violencia. Porque se busca estigmatizar la lucha de los pueblos originarios, creando “enemigos internos” e inventando “actividades terroristas” con el mero fin de judicializar y justificar la represión y asesinato de luchadores y luchadoras sociales.
Tanta sangre derramada muestra un estado que, sin importar el régimen que sea, tiene su maquinaria de disciplinamiento aceitada, con organismos y oficinas que funcionan para espiar, como lo muestran el Proyecto X de Gendarmería y las múltiples causas judiciales a periodistas y militantes políticos que descansan impunes en los pasillos cómplices de los juzgados de Dolores, Comodoro Py o Lomas de Zamora.
Los femicidios son la expresión más contundente de este capitalismo patriarcal expoliador y asesino y la muestra fehaciente de que el poder de las fuerzas represivas se alimenta de la lucha de los y las oprimidos y oprimidas. En la Argentina, 1 de cada 5 femicidios es cometido por integrantes de la fuerzas de (in)seguridad, la misma institución que protege en la complicidad las redes de trata que continúan desapareciendo personas.
La deuda fue y será con el pueblo… La deuda de la dictadura fue la condición para la implementación de las reformas neoliberales de los ‘90s. A la bota de los militares, le siguió la bota del FMI, el Banco Mundial y los prestamistas globales que sirvieron en bandeja la propuesta de un plan de ajuste que garantizara el pago de esa deuda espuria, que el gobierno argentino tomó sin chistar: el Consenso de Washington.
Lo que siguió a eso fueron las privatizaciones, la precarización laboral y el desempleo, los constantes recortes salariales (especialmente a estatales), el desguace del sistema previsional y la destrucción de las condiciones de vida de la clase trabajadora en su conjunto.
Lo que vino, también, fue la expansión del modelo extractivo, con el objetivo de traer dólares que garantizaran el pago de la deuda. Hablamos de la consolidación del agronegocio que enferma a las poblaciones con el uso de semillas genéticamente modificadas y agrotóxicos, y de la instalación de la megaminería contaminante en los territorios de Catamarca y San Juan.
El resultado de estas políticas dieron continuidad al dolor de la represión de la dictadura: el 53% del PBI era destinado al pago de la deuda externa, mientras que el 90 % de lxs trabajadores/as ganaban salarios de miseria; el 10% de lxs ricxs de la sociedad se llevaban el 37% de los ingresos, mientras que el 45% de las familias se encontraban por debajo de la línea de la pobreza; lxs jubiladxs y pensionadxs cobraban menos del 50% de la canasta básica ($430). El genocidio producto de las fumigaciones y la instalación de la megaminería a cielo abierto se volvió la moneda corriente en los territorios. Menos gasto y más dólares, fue la consigna que golpeó nuestros bolsillos, después de la violencia de la dictadura cívico- eclesiástica-militar.
Hoy en nuestro país la pobreza sigue siendo el doloroso flagelo de una política económica que, acompañada de la tremenda pandemia global del SARS-COVID 19, golpea a la clase trabajadora con una pobreza del 44 %, según datos de la UCA.
Imágenes de aquellos años se repiten día a día, como en una película de terror: un ejército de hombres, mujeres y niñxs recorre las calles de las principales ciudades, desde el amanecer hasta la noche, tirando carritos que ellos mismos han fabricado como herramientas de trabajo. Y el trasfondo de esas imágenes vuelve a tener una deuda externa que garantiza la impunidad de ayer y de hoy. La rueda del capitalismo sigue funcionando, sin importar si en dictadura o democracia, a costas del hambre y el aniquilamiento de la clase trabajadora. Y en este marco, nuevamente perdemos más quienes siempre perdemos más… El ajuste y el genocidio del extractivismo que se profundizará golpeará aún con más violencia a las mujeres y disidencias (que en contextos de crisis son quienes más sufrimos el desempleo y la precarización laboral) y a las niñeces y juventudes, a quienes se les sacrifica el presente y el futuro, a cambio de las ganancias para unxs pocxs. ¡NI OLVIDO NI PERDÓN!
El presidente Alberto Fernández nos ha dicho que demos vuelta la página… nosotras y nosotros decimos que no olvidamos, no perdonamos, exigimos cárcel común y efectiva para cada uno de los militares y demás miembros de las fuerzas represivas, empresarios y miembros de la Iglesia Católica que fueron parte de una de las peores páginas de la historia en estas tierras.
No olvidamos ni perdonamos las políticas de ahogo económico, la destrucción de nuestros territorios, ni el terror en dictadura, ni la represión en democracia. No olvidamos ni perdonamos el sacrificio de los pueblos originarios, ni de nuestrxs compañerxs asesinadxs. No olvidamos ni perdonamos sus embates de formateo ideológico desde los medios masivos de información y la escuela.
Seguiremos llenando las calles, las rutas, las plazas, todxs hermanadxs. Porque el grito de “Juicio y Castigo” se transforme en la realidad de nuestra construcción cotidiana. Porque alguna vez, podamos gritar finalmente NUNCA MAS. Porque no queremos más presxs por luchar, y tampoco queremos más genocidas en sus casas.
Continuaremos en las calles exigiendo que se desconozca esta deuda… Porque la deuda no es con los organismos internacionales de ayer o de hoy, la deuda es con la clase trabajadora, las mujeres, los pueblos originarios, desde hace siglos…
En esta lucha se juega la historia de los de abajo, se juega nuestro presente… pero también es la lucha por nuestro futuro.
Por los derechos humanos de ayer y hoy, exigimos
¡No al pago de la deuda externa! ¡Fuera el FMI y todos los buitres!
¡Basta de extractivismo en nuestros territorios!
Restitución de sus tierras a los pueblos originarios. ¡NUNCA MÁS para los pueblos originarios! ¡Expropiación y devolución de los territorios a las comunidades originarias!
¡Justicia por todxs y cada unx de lxs asesinadxs en democracia por luchar por el territorio! · Nuestros cuerpos no son territorio de conquista
